La desinstitucionalización se ha erigido en los últimos años como el paradigma indiscutible para abordar el futuro de los apoyos. Supone un proceso de transformación profunda, en virtud del cual se persigue generar un cambio en la modalidad de vida de las personas a través del abandono -o reducción- de los entornos institucionales y segregadores. En su lugar, se apuesta por construir un sistema que permita la participación y el fortalecimiento del tejido social inclusivo, así como la prestación de los servicios en la comunidad; todo ello, de acuerdo con el proyecto de vida de cada persona.
Hace años que la desinstitucionalización constituye una corriente de fondo imposible ya de soslayar. Desde la perspectiva de los derechos, es incuestionable que toda persona ha de poder vivir en la comunidad eligiendo su modo de vida, sin que sea admisible que su situación personal, sea por razón de discapacidad, exclusión social, envejecimiento o cualquier otra, justifique que se le prive de la capacidad de elegir y que, en la práctica, se vea abocada a vivir en una residencia sin mayor alternativa. Es la perspectiva que viene adoptando la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la Carta Social Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, ahora, el Gobierno de España mediante la publicación de la “Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad”.
Dicha estrategia, que abarca el sexenio 2024-2030 y que se articulará mediante tres planes operativos bienales, declara de manera explícita cuál es su objetivo: la desinstitucionalización. A través de cinco ejes estratégicos, se proponen objetivos y líneas de actuación para cuya consecución se deberá contar con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las entidades del Tercer Sector.
La ejecución de la Estrategia implicará reenfocar los apoyos y servicios de manera que reúnan tres requisitos: que se centren en la voluntad, decisiones y preferencias de la persona; que se presten en su entorno próximo, de acuerdo con el modo de vida que haya elegido; y que sean accesibles, asequibles y de calidad, con independencia de la intensidad de las necesidades de apoyo. Un enfoque necesario y deseable, que precisamente por razón de su profunda ambición también tendrá que afrontar importantes impedimentos.
El primero de ellos lo constituye la rigidez normativa actual. La regulación vigente supone un corsé para la implantación viable de las medidas de desinstitucionalización, en ámbitos muy diversos que abarcan desde la normativa de accesibilidad hasta las posibilidades de compatibilidad y combinación entre distintos servicios y prestaciones a través de itinerarios flexibles y personalizados. La reforma normativa ya no es solo una cuestión de suma importancia; se ha convertido en una necesidad urgente que no admite mayor dilación.
El segundo lo constituye la disponibilidad de recursos económicos. La financiación de la Estrategia, que parte con una dotación inicial de algo más de 1.300 millones de euros, provendrá de los Presupuestos Generales del Estado, de los de las Comunidades Autónomas, de los Fondos Estructurales de la Unión Europea y, hasta 2027, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Será imprescindible que se cuantifique con el máximo realismo y rigor el coste de las profundas transformaciones que se proponen; e igualmente se debe garantizar una financiación estable y previsible, pues solo así se podrá culminar con éxito un proceso de enorme complejidad que supone una reconversión del sistema.
El Tercer Sector no parte de cero en el proceso de desinstitucionalización. La planificación centrada en la persona o el enfoque de inclusión son planteamientos unánimes en el sector, que están alineados con el nuevo paradigma. Asimismo, muchas entidades se están enfocando en la gestión de servicios de proximidad como centros de día o servicios de ayuda a domicilio. Y algunas organizaciones están haciendo una apuesta decidida por experiencias de desinstitucionalización como la vivienda autónoma o la ocupación en entornos reales, aun cuando su financiación no sea estable. Todo ello ilustra la capacidad de transformación de las entidades del sector, que apuesta por un proceso cuya consecuencia es la equiparación de todas las personas en la capacidad de ejercer de manera efectiva sus derechos y en el que se requerirá la participación y la contribución efectiva de todos los actores.
