¿Qué aspectos considera más importantes de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía que sustituye a la anterior de 1988?
La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía es una ley para la igualdad que garantiza la universalidad de acceso a los servicios sociales, blinda derechos subjetivos y establece la responsabilidad pública directa; establece un catálogo de prestaciones garantizadas, entre las que se incluyen todas las prestaciones y servicios de la Ley de la Dependencia, exigibles ante los tribunales; introduce el concepto de derechos de ciudadanía; amplía el ámbito de participación de la sociedad civil; se consolida un verdadero servicio público de servicios sociales de Andalucía integrado por los servicios comunitarios y los especializados; se incorpora la voluntad anticipada de los usuarios y usuarias, la Tarjeta Social y la historia social digital única; crea la figura del profesional de referencia, que garantiza la continuidad e integralidad en la atención prestada, así como el refuerzo de los equipos interprofesionales; incorpora la capacidad de prescripción del profesional de servicios sociales; regula la iniciativa social para garantizar la prestación de los servicios. En definitiva, es una ley que consolida a los Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, desarrollando, garantizando y reconociendo nuevos derechos de ciudadanía; una ley de segunda generación que ha sido muy participada.
Ahora que se han cumplido 10 años de la Ley de la Dependencia estatal ¿cuál es el balance que hace de su aplicación y en qué la complementa la nueva ley andaluza?
Esta Ley ha supuesto uno de los mayores avances en protección social de nuestra democracia, se ha consolidado el derecho a la atención y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, de sus familias y de las personas cuidadoras, de los profesionales y de las entidades que trabajan en el sector, suponiendo una verdadera inversión, generando retornos sociales y económicos e impulsando empleo, generalmente femenino y en áreas rurales.
La Junta de Andalucía ha apostado en estos diez años firmemente por esta Ley, financiando el 78% del sistema mientras que el gobierno central ha financiado solo un 22%, a pesar de la obligación legal de financiar cada una el 50%. La inversión en Andalucía ha sido de más de 10.000 millones de euros para atender a 40.400 cordobeses y cordobesas. Por ello, desde Andalucía se ha propuesto un Pacto de Estado en defensa del sistema de la dependencia.
En este año el Gobierno andaluz ha aprobado el I Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal que prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020.
¿Cree que esta Ley cumplirá las expectativas demandadas por las entidades del tercer sector?
En mi opinión, tiene que cumplirlas. La cooperación y colaboración con las entidades del tercer sector han demostrado ser un instrumento necesario para que la prestación de los servicios sea no sólo eficaz sino también eficiente.
El mapa de servicios sociales de Andalucía se va a configurar con criterios demográficos, geográficos y organizativos, apostando por la proximidad y la descentralización.
