Entrevista a Fernando Santos Urbaneja. Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba. Coordinador de la Sección de Protección de Personas con Discapacidad. Coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental.
¿Qué motivó su especial dedicación a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y personas con enfermedad mental?
Al principio fue fundamentalmente curiosidad por conocer este mundo, entonces aún muy anclado en ideas del pasado. En cuanto empecé a tomar contacto con la realidad de estos colectivos (llegué a conocer los últimos años del psiquiátrico de Alcolea) surgió en mí la decisión firme de trabajar por la protección de los derechos de estas personas.
La Ley habla del Fiscal como “Promotor de Justicia”, pues bien, yo no encontré entonces ámbito más necesitado de protección y promoción de derechos que éste. Afortunadamente las cosas han cambiado para bien en los últimos treinta años.
Hace más de diez años, España ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Considera que esa ratificación se ha hecho efectiva en nuestro sistema jurídico?
Claramente se puede decir que en el ámbito de la capacidad para decidir por sí mismos no se ha hecho efectiva, diez años después de su proclamación, la Convención de Nueva York de 2006.
Recientemente hemos visto un rayo de luz con la aprobación por el Parlamento y por unanimidad, de la modificación de la Ley Electoral que va a permitir votar a las personas con discapacidad. Esto es un gran avance y tiene un valor simbólico de primera magnitud.
Lamentablemente, en torno al antes denominado procedimiento de incapacitación y tutela, las cosas han ido muy despacio. Se han elaborado sucesivos borradores y proyectos. No se avanza porque las fuerzas están equilibradas al 50%. Recordando mi “Crónica de Previstonia” diríamos que hay tantos “Previstonios” como “Yaveremos”, si bien en los últimos años estos últimos han ido ganando posiciones.
Hace pocos meses, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para eliminar del ordenamiento jurídico la incapacitación judicial. ¿Cómo cree que quedará finamente este asunto? ¿Cuál es su opinión al respecto?
El último proyecto del Gobierno habla de “Procedimiento de provisión de apoyos” pero en esencia solo cambia el nombre porque el procedimiento es idéntico al actualmente existente. El Proyecto contiene dos aspectos muy favorables: De un lado la consolidación de la “Guarda de Hecho” y una regulación más amplia de los “Poderes Preventivos”. El uso inteligente de estas dos instituciones podría evitar en muchos casos el tener que acudir al procedimiento judicial.
Creo que si la legislatura termina podremos ver el Proyecto convertido en Ley.
Me gustaría señalar que no obstante la resistencia ya descrita al reconocimiento de la capacidad de decisión de las personas con discapacidad o trastorno mental, estos se encuentran en su mayoría integrados en la vida, con personas que les apoyan. Más importante aún que la consideración del Derecho, es la de las personas que viven el día de la Persona con Discapacidad.
