La grave situación de crisis económica y las consecuentes políticas de austeridad que desde hace casi una década vienen sufriendo, sobre todo, los países del sur de Europa, están afectando negativamente a los mecanismos de protección social y causando una grave erosión (esperemos no sea irreversible) a los sistemas de bienestar de cada uno de estos Estados. En España, uno de los principales sistemas damnificados es el de atención a las personas en situación de dependencia que, desde 2011, ha venido endureciendo las condiciones de acceso al mismo, viéndose reducido el número de beneficiarios con derecho a alguna de sus prestaciones. Si a ello se añade la merma que han sufrido algunas de las prestaciones contempladas y las sucesivas prórrogas para atender a las personas con dependencia moderada, se intuye el escaso interés por promover la desfamiliarización y consiguiente profesionalización del sector, que fueron los pilares filosóficos que dieron lugar y sustentaron el desarrollo de la Ley promotora del Sistema.
Con el objeto de dar un impulso y contribuir a mitigar esta grave situación, el pasado 7 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un Plan mediante el que pretende reducir el tiempo de espera y agilizar las respuestas que la administración autonómica ofrece en materia de dependencia. Este Plan ha sido publicado recientemente en BOJA (http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00014-4441-01_00109781.pdf) con rango de acuerdo y tiene una duración prevista de un año aunque algunas medidas podrán ser prorrogadas por más tiempo.
El Plan consta de tres bloques y prevé incorporar a 76.000 nuevos beneficiarios, con especial atención a las personas con dependencia moderada que habían quedado excluidas hasta el momento.
En el bloque primero se determina la agilización del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, instando a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para que adopte las medidas jurídicas y técnicas necesarias a tal efecto.
En el segundo de los bloques, se concretan los nuevos supuestos de excepcionalidad respecto al acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. Se contemplan actuaciones para atender a los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen en el entorno familiar y todas aquellas personas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resulten insuficientes y, a su vez, fuera desaconsejada la atención en servicios residenciales alternativos.
Finalmente, y como ya se ha avanzado, el bloque tercero aborda la incorporación al Sistema de las personas con dependencia moderada reconocida (grado I), con el objeto de promover acciones de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal para este importante segmento de personas cuyas necesidades permanecen aún sin atender una década después de la entrada en vigor de la Ley. En este sentido se contemplan estrategias de coordinación y colaboración con dos entes: por un lado, los Servicios sociales comunitarios de las Administraciones locales y, por otro, la red de Centros de participación activa de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
En definitiva, tras muchos años de sacrificio y sufrimiento soportados, sobre todo por parte de las personas y colectivos más desfavorecidos, es momento de ir recuperando el terreno perdido. En esta necesaria misión tienen mucho que decir las administraciones competentes y, por supuesto, el Tercer Sector, de cuya capacidad de movilización y reivindicación dependerá en buena medida la recuperación de los derechos sociales, económicos y culturales sacrificados durante este difícil periodo, en el que como suele suceder, los más débiles han sido los más perjudicados.
