El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros dio el primer paso para una reforma civil que hará desaparecer del ordenamiento jurídico términos como incapacitado o incapacitación. Más allá del cambio léxico, la reforma pretende proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y pasar del sistema actual, basado en la sustitución por orden judicial en la toma de decisiones, a otro centrado en respetar la voluntad de estas personas, que se aplique durante el plazo más corto posible y sea revisable periódicamente. 

La futura ley, promovida por el Ministerio de Justicia y que se ha negociado con el Cermi, obligará a cambiar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Hipotecaria y la Ley del Registro Civil. El grueso de las reformas comparte un objetivo: poner a disposición de las personas con discapacidad medidas de apoyo que les permitan ejercer su capacidad jurídica en igualdad al resto de la población. La idea es que se diseñe un traje a medida de cada caso, en función del grado de discapacidad y de las necesidades. La ley establece que quienes presten apoyo deberán actuar “atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera”. 

La nueva norma no solo elimina del ámbito de la discapacidad la figura del tutor (que quedará restringida a los menores en desamparo o no sujetos a patria potestad), sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. El proyecto dedica un apartado a regular la autocuratela, un procedimiento al alcance de cualquiera en previsión de una futura discapacidad.